La acción del gobierno ante las declaraciones de Gavazzo.

10 de mayo de 2019
El pasado miércoles en ocasión de la sesión de la Comisión de DD.HH que integramos, se incluyó en el orden del día el tema referido al Tribunal de Honor a que fuera sometido José Gavazzo y el posterior proceder de los distintos actores estatales.

Sobre las declaraciones formuladas por este ciudadano, poco queda por agregar al profundo rechazo que provoca el reconocimiento de actos delictivos y la exaltación de los mismos en pos de un supuesto “objetivo superior”
Nada justifica el asesinato, el apremio, la tortura y mucho menos desde una institución estatal que, aunque responda a prácticas también violatorias de los DD.HH, debe velar en todo momento por el cumplimiento de la ley.
Así como afirmamos esto, estamos seguros que los hechos y dichos de este ciudadano no representan a la institución militar a la cual estamos vinculados familiarmente desde hace muchos años.

Es precisamente basados en esta argumentación, que entendemos muy importante esclarecer el proceder de actores estatales que habiendo tomado conocimiento de estas declaraciones, demoraron casi un mes en dar parte a la justicia, y lo hicieron después de que esta información tomara estado público a través de un medio de prensa, lo cual agrega más dudas que certezas a todo este asunto.

Por lo que conocemos del caso, la elevación de los resultados del Tribunal de Honor se produce a mediados de febrero de este año, pero toma estado público, se pasa a la justicia y se producen los relevos en los primeros días de abril, luego de la nota publicada en el Observador el sábado 30 de marzo.

Lo que queda bastante claro es que los plazos se apresuran una vez que todo el tema toma estado público en la semana entre el 1 y 5 de abril.

En este sentido debemos tener en cuenta que el presidente había designado al General González, integrante de uno de los Tribunales de Honor que juzgaron a Gavazzo, como Comandante en Jefe, para relevarlo pocos días después de la nota del Observador.

A partir de ese momento tenemos versiones contradictorias. Hace pocos días el presidente declaró ante la prensa que dispuso el pase a la justicia de los antecedentes del Tribunal de Honor el 11 de marzo. Sin embargo, en ese momento solo releva al Comandante en Jefe, el Gral Manini Ríos por los juicios que este hace de la justicia, y no por las declaraciones de Gavazzo. Es más, nombra como comandante a uno de los generales que integraron esos tribunales, para destituirlo junto a otros oficiales de igual jerarquía, luego de la nota de prensa del Observador, pocos días después.

Cabe preguntarse, si tenía conocimiento, ¿Por qué no dispuso todas esas destituciones el mismo 11 de marzo?

En otro momento el presidente alude que no puede leer los cincuenta expedientes diarios que firma, asumiendo la responsabilidad política y poniéndose a disposición de la justicia, pero en ningún momento toma medidas con quienes le debían haber advertido de la gravedad de los contenidos en las actas, particularmente el secretario de la presidencia el Dr. Toma.

También debemos tomar en cuenta la versión del ex ministro de defensa, fallecido pocos días después, quien sostuvo que puso en conocimiento del Presidente y del Secretario de la Presidencia de los contenidos de las declaraciones en el mes de febrero, dejando el expediente completo antes del 6 de marzo, momento en que solicitó licencia médica. Según esta versión, la documentación habría estado casi un mes en presidencia sin que hubiera trámite ante la justicia, ni se produjera ninguna destitución en el ejército o en el ministerio hasta el 1 de abril, con excepción del Gral Manini Ríos por otro motivo.

Todas estas idas y venidas no hacen más que confirmar lo que el líder de nuestro sector viene diciendo hace tiempo, un presidente ausente que no asume las responsabilidades de sus errores, con la particularidad en este caso, de cubrirse con medidas excepcionales en el ejército y en el ministerio de defensa, pero sin actuar con la misma firmeza en su entorno más inmediato.

Precisamente en base a estas argumentaciones, entendemos necesario que el secretario de la presidencia, el Dr. Miguel Angel Toma y el actual ministro de Defensa José Bayardi, concurran a la comisión.
Su visita quizás nos permita arrojar luz sobre un episodio por demás confuso, ante un tema tan delicado para la sociedad toda.

Gloria Rodríguez Santo
Representante Nacional