12 de septiembre, 2018

La sanción impuesta al Comandante en Jefe del Ejército, deja al descubierto algo ya conocido desde hace tiempo atrás: la total ausencia del gobierno de una verdadera política militar de la defensa.
Podríamos inclusive ir más atrás en el tiempo y referirnos a la misma Ley y a la Política de Defensa, necesarias en cualquier estado democrático, pero que en este caso se quedan en enunciados generales que no explican el cómo se implementarán. Suerte similar correría tiempo después la Política Militar de Defensa, reduciendo las esperanzas a una futura Ley Orgánica Militar, hoy en calidad de anteproyecto, para que todo ese contenido conceptual se pudiera bajar a tierra.
Lamentablemente volvimos a comprobar una desordenada conjunción de conceptos, que ni siquiera apelan a terminología militar y que todo indica será considerado luego de la media sanción de la reforma del sistema de retiros, cuando el sentido común dice que es exactamente al revés: a) primero se planifica una carrera y b) luego se especifican las condiciones del retiro o salida anticipada de sus miembros.
Precisamente al ser consultado por las condiciones del retiro en trámite parlamentario, el Comandante Manini demostró que con esta nuevo sistema, los soldados, es decir los que ganan los sueldos más bajos del Estado y que integran buena parte de la pobreza estructural de la sociedad, pasarían a ganar una vez retirados, mucho menos de lo que perciben en actividad y en algunos casos puntuales, ni siquiera generarían derechos jubilatorios luego de más de veinte años de servicio.
Argumentos técnicos y no políticos, de un Comandante que debe velar por el bienestar de sus subordinados y por el futuro de la Institución que comanda. Hacia ellos el Ministro Murro no responde y sugiere, según trascendidos de prensa, la destitución del jerarca.
Ante esa postura tan drástica, el gobierno toma un camino acordado hacia su interna y en lugar de argumentar o demostrar la inexactitud de las expresiones, hace pública una sanción al jerarca mientras este se encuentra en misión en el exterior, sin dar a conocer la causal de la misma, pero sí la calidad y extensión: arresto riguroso por treinta días.
Proceder de esta manera expresa una absoluta falta de decoro profesional, al hacer pública una medida disciplinaria sin esperar el regreso del sancionado, al que le corresponde recibir por escrito la sanción impuesta, con la causal correspondiente, la calidad ( en este caso arresto riguroso) y extensión de la misma (treinta días).
Quizás con este proceder intente disimular la inacción o fracaso en otras áreas, demostrando un poder que no ejerce en circunstancias similares.
Pero horas después y ante el estado público que toma el hecho, se aclara que la sanción es por la reiteración de faltas y no por las expresiones en sí mismas. Señores, no aclaren que oscurece.
De esta forma, del apercibimiento o la observación verbal (según palabras del propio gobierno), se pasa a una sanción de arresto riguroso de treinta días, la más grave en todas las jerarquías, sin transitar por la escala de sanciones que hubieren correspondido, ante las eventuales inconductas que el General Manini hubiere cometido. Todo un dislate administrativo y disciplinario.
No somos juristas y por lo tanto no interpretaremos la Constitución. Pero vivimos en este país y las palabras del Comandante son mínimas con relación a las declaraciones que meses atrás hiciera el Inspector Layera, responsabilizando a otro Ministerio por no compartir información, a su entender vital, para prevenir el delito. En aquel caso no solo no recibió sanción, sino que fue respaldado por las jerarquías del Ministerio del Interior, sin que hubiera consecuencias para nadie.
Es triste ver como la interna frenteamplista no solo se encuentra congelada por sus propias diferencias, sino que esté llevando al gobierno a agitar fantasmas y profundizar divisiones, con la finalidad de disimular su estancamiento.
Es triste ver como un proyecto agotado, no es capaz de reformularse a sí mismo y apele en solitario al aplauso de su tribuna.