Montevideo, 11 de mayo de 2017

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes
Diputado José C. Mahía
Presente.-

De mi mayor consideración:

Amparada en las facultades que me confieren el artículo 155 del Reglamento del Cuerpo, solicito a Ud. tenga bien cursar a Presidencia de la República y por su intermedio a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Directorio del Partido Nacional, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio a ANEP y CODICEN, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública y por su intermedio a ASSE, UDELAR, Instituto de Formación Docente, a todas las Intendencias y Juntas Departamentales y a todos los medios de prensa de Uruguay la siguiente:

EXPOSICIÓN ESCRITA

Seguramente todos recordamos con dolor el caso de la adolescente Camila Rodríguez de 14 años, víctima de homicidio en Barros Blancos en el año 2016.
El caso venía siendo aparentemente monitoreado por el INAU desde el año 2014, no obstante dichos esfuerzos no fueron suficientes para evitar el trágico resultado al que nos referimos hoy.
Es de orden señalar que, de las conclusiones que se extraen de analizar los expedientes judiciales referentes al caso de Camila Rodríguez, la investigación y seguimiento resultan por demás insuficientes e ineficientes.
Así, en reiteradas oportunidades en las que se le solicitó informe técnico a INAU, éste derivó los petitorios al Centro Regional de Pando, quien a su vez los remitió al Equipo Territorial de Barros Blancos, con la desinformación lógica que se desprende de tales actuaciones.
Inexplicablemente tuvieron que transcurrir tres meses hasta que por fin se agregó un informe del “Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia Contra la Violencia” el que, dicho sea de paso, no realizó un seguimiento de la situación vivida por la menor.
Varios informes reúnen la característica común de la vaguedad, ambigüedad, denotando una ausencia de compromiso con la tarea. Prácticamente inexistentes son los informes psicológicos, y repiten hasta el cansancio que “próximamente profundizarán los informes, ampliaremos, adjuntaremos”, etc. Pero la verdad es que jamás se profundizó en el tema, nunca existió un involucramiento real con el drama de una adolescente, lo que fatalmente derivó en el resultado de su muerte.

En este contexto cabe preguntarse: desde que la situación ingresó a análisis del INAU en el año 2014 hasta el 2016 ¿qué fue lo que realmente hizo el Estado por ella? ¿Qué abordaje realizaron durante estos dos años? ¿Cuál es el grado de compromiso con estas causas?
¿Estaban enterados de que Camila Rodríguez vendía objetos para hacerse con algún recurso extra para cuidar a sus hermanos? Comportamiento acerca del cual el tutor de la menor tenía pleno conocimiento y probablemente incentivara.
Entre las descomunicaciones y contradicciones de las distintas reparticiones del INAU, el CED de Barros Blancos informa al Juzgado que se han enviado informes al CED de Pando, y que no cuentan con los archivos porque les robaron las computadoras. La pobreza de la excusa se desprende por sí misma.
Por si ello fuera poco, el CED de Pando informa que no existen en esa oficina informes respecto de Camila ni de sus hermanos, así como la Asistente Social denuncia que nunca tomó conocimiento de la situación ni estableció contacto alguno con la familia.
Si pensamos continuar engañándonos a nosotros mismos, entonces deberíamos asumirlo. Pero si los discursos no son simples palabras, entonces es hora de tomar el trabajo en serio en materia de prevención para evitar que se repitan estas tragedias, y para garantizar la protección de los Derechos Humanos de nuestros niños y adolescentes.
Asumir las responsabilidades que corresponden, trabajar con dedicación y compromiso. El “Caso Camila Rodríguez” nos enfrenta a la trágica realidad de una adolescente que pagó con enorme dolor y su propia vida el desamparo de un Estado ausente que le falló cuando más lo necesitó.
Si no somos capaces de garantizarle a nuestros niños y adolescentes el derecho más fundamental, más básico, como es el derecho a la vida a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, entonces deberemos admitir que somos unos criminales y asumir las consecuencias.

Sin otro particular, saluda al Sr. Presidente con su más alta estima y consideración,

Gloria Rodriguez Santo
Represente Nacional