1. Desde el inicio de nuestra gestión como representantes y particularmente durante nuestra presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, nos hemos enfocado, entro otros temas, en las condiciones de reclusión de menores y adultos dentro de sus respectivos sistemas de detención.

En esa línea, hemos visitado en el año en curso los distintos establecimientos carcelarios de adultos en Punta de Rieles y de menores llevados adelante por el INISA. En esas oportunidades, pudimos conversar largamente con sus autoridades, con los internos y también con los funcionarios que trabajan en esos programas.

Concretamente con respecto a INISA dimos nuestro apoyo crítico a la presidenta Gabriela Fulco, visitándola cuando recibió una andanada de críticas, por su convicción de que existen menores irrecuperables dentro de la institución que preside.

En esa oportunidad, expresamos nuestros matices, ofreciendo nuestra colaboración y apoyo político para las tareas necesarias sin que mediaran condiciones previas.

Dentro de ese marco de acciones visitamos el pasado viernes el centro Tribal, dependiente de INAU, que cumple la función de evaluar a los menores según distintos criterios, para su distribución posterior en otros centros más específicos.

A partir de esa finalidad, este centro tiene regulaciones en cuanto a número de adolescentes internados y tiempo de permanencia de los mismos, que claramente pudimos constatar no se están cumpliendo.

Pero además, encontramos una situación sumamente crítica desde el punto de vista de instalaciones, que son permanentemente reparadas y dañadas por los menores conformando un círculo vicioso; lesiones a funcionarios y policías en forma diaria y una situación descripta por la titular del centro como: ‘incontrolable’ e ‘inmanejable’.

Seguramente, cuando se habla de la imposibilidad de recuperar algunos casos, el caso Tribal pueda encuadrarse en esa línea de razonamiento a ojos vista de su realidad. No obstante, entendemos que algo diferente debe hacerse para enfrentar esta emergencia en clara violación de Derechos Humanos de menores, funcionarios y policías, que se ha transformado en estructural e inamovible en el tiempo.

Por lo tanto exigimos que las autoridades correspondientes planteen, en forma urgente, soluciones alternativas que difieran de las que se han llevado adelante y que han fracasado estrepitosamente.