Asunto: Órganos Electivos Nacionales, Departamentales y de Dirección de Partidos Políticos – Se establece la participación equitativa de ambos sexos en su integración.

Fotos de: Fernanda Aramuni

Versión Taquigráfica Fecha: 18 de octubre de 2017

——Tiene la palabra la señora diputada Gloria Rodríguez.

SEÑORA RODRÍGUEZ (Gloria).- Señor presidente: voy a votar este proyecto. No es el proyecto ideal; nosotros apostamos a la paridad y vamos a seguir trabajando firmemente para lograrla. No es la intención generar un debate de enfrentamientos; respetamos la posición de aquellos que no están de acuerdo con este proyecto de ley tan necesario.

Como todos sabemos, si bien en términos jurídicos mujeres y hombres gozamos de iguales derechos en materia de participación política, no podemos dejar de admitir que en nuestro país esta igualdad de jure no ha logrado traducirse en la presencia y participación igualitaria de unas y otros en el ámbito público y de representación.

Históricamente se ha marginado a las mujeres de los procesos estratégicos y definitorios de la agenda pública, así como de su participación activa sobre asuntos de vital importancia para el interés colectivo. Es precisamente la política uno de los ámbitos sustantivos en el que más se ha expresado esa situación de desigualdad y se ha configurado como un problema central de las democracias modernas.

Esta situación ha motivado, desde las últimas décadas del siglo XX, el cuestionamiento internacional relativo al carácter representativo de los gobiernos, así como a reconocer la necesidad de implementar mecanismos que garanticen las mismas oportunidades de participación a mujeres y hombres en la política, de forma efectiva y equilibrada, a fin de integrar de igual manera en la agenda pública sus diferentes visiones, necesidades, intereses y problemas.

En el año 2006, el mismo PNUD señalaba que la inclusión equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad es un medio para garantizar la igualdad de género, a fin de que los diferentes intereses, aspiraciones y necesidades de unas y otros se consideren, valoren y promuevan de igual manera en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades para, de esta forma, contribuir a mejorar la calidad de la democracia.

Es por tanto de suma importancia a la hora de abordar la temática, si pretendemos avanzar hacia una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, que se comprenda que el punto de partida de unas y otros es asimétrico. Es decir, ambos sexos no cuentan con las mismas oportunidades, y esto se debe a causas socialmente construidas.

Los obstáculos en la participación política que padecen las mujeres no están determinados por sus cualidades individuales, talentos o virtudes, sino que son expresión de una cultura que legitima y realza los valores masculinos, estableciendo oportunidades desiguales en el ejercicio de la ciudadanía, cuyo resultado es la tendencia general de que la participación política femenina se concentre en las posiciones más básicas, mientras que las vinculadas al liderazgo, aquellas de mayor estatus, son desarrolladas en su mayoría por hombres.

La aplicación de reglas neutrales de derecho conduce a seguir manteniendo esa brecha, por lo cual surge la necesidad de implementar acciones afirmativas concretas en beneficio de las mujeres. Es en este marco que surgen a nivel internacional las llamadas cuotas de género como una medida concreta, como un mecanismo sólido para garantizar la efectiva integración de las mujeres a los organismos de decisión, a las instancias de poder.

La aplicación de las cuotas de género va más allá del aumento cuantitativo de mujeres en los espacios de representación política y toma de decisiones e implica un avance cualitativo en la profundización de los procesos democráticos que conducen a la construcción de un nuevo modelo de ciudadanía. No hay que perder de vista, además, que estamos hablando del reconocimiento de un derecho humano fundamental que forma parte de la agenda internacional en la materia, siendo una obligación de los Estados garantizarlo.

No obstante ese deber, según datos de la ONU, a nivel mundial la participación de las mujeres en órganos únicos o en los Parlamentos nacionales alcanzó el 23,4% en 2017, solo un 10% más que en 2000. La lentitud de los avances revela la necesidad de un mayor compromiso político y de medidas y cupos más ambiciosos para aumentar la participación de las mujeres. Las mujeres todavía están insuficientemente representadas en puestos directivos. Entre 2009 y 2015, en la mayoría de los sesenta y siete países que disponen de datos, menos de un tercio de los puestos directivos superiores e intermedios estaban ocupados por mujeres.

No podemos desconocer esta realidad y mucho menos eludir nuestra responsabilidad. Es imposible concebir que un Estado que aprobó, entre otros, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer  Ley N° 17.338 de 18 de mayo de 2001  y promulgó en el ámbito doméstico una ley como la 18.104, de 15 de marzo de 2007, sobre igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no apruebe el presente proyecto de ley. Sería borrar con el codo los enunciados aprobados en esos cuerpos normativos.

Por todo esto, entendemos que si verdaderamente se quiere proteger y garantizar el ejercicio de este derecho humano que se ha visto históricamente obstaculizado por construcciones sociales discriminatorias, si perseguimos alcanzar una sociedad en la que exista una efectiva igualdad de género y es nuestra pretensión mejorar la calidad de nuestra democracia respetando el liderazgo, empoderamiento y la plena ciudadanía de las mujeres, el camino no es otro que votarlo.

En 1830, en Uruguay el sufragio no era universal. Solo eran ciudadanos, y por ende miembros de la soberanía de la nación, los hombres libres, y lo eran en la medida en que tuvieran rentas y no se les suspendiera la ciudadanía por la condición de analfabetos, sirvientes a sueldo, peones jornaleros o ebriedad. Recién en 1934, con la reforma operada en dicha Constitución, se introdujo el sufragio universal. Me permito recordar que si bien la Constitución de 1918 había previsto el mandato legislativo para habilitar el voto femenino, la ley que lo habilitó se sancionó recién en 1932.

A doscientos años de estos hechos, el debate sobre el empoderamiento político de las mujeres continúa pendiente, no ya desde la exclusión normativa, como acabo de destacar, sino desde una perspectiva mucho más profunda y sutil que condice con una estructura paternalista de la sociedad que nos está exigiendo transformaciones.

Lo que hoy debatimos en esta sesión no es más que la redistribución del poder en aras de la proyección de la vida social integrada y participativa. Se trata, señor presidente, de lograr la equidad en estas bancas que históricamente han sido masculinas y que hoy la sociedad nos exige que sean redistribuidas desde un enfoque integrador, que asuma las singularidades humanas de los sexos, para poder plasmar la mayor visibilidad y representación a este rol que la ciudadanía nos otorga.

Por esto, me permito votar con énfasis esta reforma legislativa, convencida de que la participación activa de mujeres y varones en el quehacer político es uno de los imperativos de la nueva mirada que la agenda de derechos impone a varones y mujeres en el siglo XXI, sin exclusiones ni perjuicios, sin estereotipos o distinciones basadas en ideologías, sino, justamente, centrados en la singularidad de la condición que nos diferencia como seres vivos.

Al igual que en 1918, el constituyente mandató al legislador para que sancionara una ley que habilitara el voto de la mujer. En el año 2009, la legislación dejó abierta la puerta de la paridad. Según consta en la segunda parte del artículo 5° de la Ley Nº 18476, se previó que: “En función de los resultados obtenidos en la aplicación de las normas precedentes, la legislatura que se elija conforme a las mismas evaluará su aplicación y posibles modificaciones para futuras instancias electorales”.

Justamente  desde mi evaluación y la de muchos de mis compañeros que van a acompañar este proyecto de ley , al no lograr la paridad, entendemos que esta modificación es no solo necesaria sino imprescindible para el logro de la construcción de una paz basada en la justicia y la equidad.

La paridad de varones y mujeres en política no está de moda, señor presidente. Al igual que en otros muchos temas que Uruguay registra veinte o treinta años después que diversos países, el debate sobre las cuotas se produjo en el mundo, en la década del noventa, como a todos nos consta. Con turbulencias y encendidos debates, en aquellos años, los parlamentarios de América y Europa transformaron en múltiples casos sus leyes electorales, asegurando la pluralidad de sexos en sus representaciones. A casi treinta años de estos acontecimientos, en este recinto continuamos debatiendo si la mujer accede o no por sus capacidades a los escaños parlamentarios.

Sin intención de generar polémicas y con el respeto que me merecen los miembros de esta sala, debo decir que basta de hipocresías. Todos sabemos bien que ambos sexos pueden acceder al poder, y que tanto mujeres como varones pueden destacarse en su función legislativa, sin importar sus singularidades como seres vivos. ¡El tema es otro, y todos lo tenemos claro! La cuestión radica en buscar la forma de equiparar nuestros roles familiares, sociales, buscando que la exclusión estructural llegue a su fin. Estamos hablando de generar una situación de igualdad entre sexos que implique que esa desigualdad a la que muchas mujeres se han visto sometidas por el simple hecho de ser mujeres y madres tenga un coto de racionalidad.

¡Me permito recordarle, señor presidente, que el trato desigual a los desiguales se encuentra en la idea de justicia desde Aristóteles! Y desde el derecho laboral, sabiamente, hemos sabido incorporar en el ordenamiento jurídico la teoría de contrapesos, a favor de quienes están en una situación de debilidad. Así, me permito también recordarles que han aparecido en el derecho conceptos como la inversión de la carga de la prueba y, entre ellos, como ya todos sabemos, la cuotificación de los cargos públicos, sindicales. Todo ello en forma acorde con las nuevas perspectivas del derecho comparado e internacional de los derechos humanos, que trata de transformar la sociedad apuntando a revertir la circunstancia de que todos los beneficios sobre licencia para el cuidado de los hijos sean para la mujer. Se busca que, desde la responsabilidad familiar, dichos beneficios se compartan para así compartir la tarea con los hombres y apostar a la justicia social.

El reparto de roles es un imperativo de las democracias de calidad. Ese reparto de roles que hemos establecido a través de normas destacables también debe operar en lo político y, evidentemente, como mujeres hoy bien sabemos que, en la sutil estructura partidaria, la mujer que lucha por ideas y releva, día a día, los rincones del país es una mujer que seguramente ve postergada su vida personal, por el momento, más que el varón.

Todos sabemos que no se trata de un tema de capacidad, razón por la cual muchas compañeras consideran que esta modificación legal constituye un acto de menosprecio a la mujer. No es ese el punto. Analizarlo desde esa perspectiva constituye un acto de soberbia, porque implica asumir capacidades genéricas que no son las que se interpelan. Nadie interpela la capacidad del hombre y la mujer que pueda acceder a una banca por sus conocimientos o no. Ese razonamiento hace que la causa se haga invisible, y se transforme en un concurso de méritos y capacidades. Por el contrario, se trata de visibilizar nuestros roles y asumir una actitud republicana también en la vida cotidiana, que elimine los obstáculos que a muchas mujeres les impiden hoy recorrer el país  porque tienen que hacerse cargo de su familia, de sus hijos , para conocer y absorber debidamente las necesidades de nuestra gente; quedarse hasta el fin de las horas procurando una votación; sentir que al igual que el varón participa activamente en la toma de decisiones, y que no es simplemente un mero ingrediente de una políticamente correcta distribución de nombres propios.

Estoy convencida de que varones y mujeres se empoderan mutuamente, y que desde la singularidad del otro, cualquiera sea su sexo, se proyecta una igualdad duradera, sostenida, que promueve un diálogo de paz basado en el reconocimiento y la aceptación de las diferencias, que nos exige que hoy vayamos a la par, incluyendo la paridad en la toma de decisiones, que, circunstancialmente hoy implica la búsqueda de Marías, de Anas, de Martas, pero que en un futuro no muy lejano implicará incorporar a Juanes, a Gonzalos, a Pedros.

Señor presidente: muchos hombres y mujeres han apostado a la igualdad, han dejado tanto en el camino para buscar ese lugar justo. Acá no se trata de un enfrentamiento entre hombres y mujeres, sino de buscar la equidad, porque también nosotras, las mujeres, podríamos decidir sacar listas solo de mujeres, pero eso con este proyecto de ley no se puede realizar. Entonces, hay argumentos que caen por su peso.

Nosotros vamos a seguir avanzando en esa equidad que nos ha costado tanto y vamos a seguir en la lucha por la integración, porque desde esta Casa o fuera de ella, siempre vamos a estar al firme, por la equidad y la paridad.

Muchas gracias.