El pasado once de julio se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre Trata y Tráfico de personas, sesión que tuvimos el honor de presidir, además de votar el proyecto en forma integral.

Constituiría una omisión inexcusable no hacer algunas precisiones sobre los motivos que nos llevaron a acompañar esta votación,por la significación de esta temática con relación a las vivencias de los afrodescendientes y como muestra de respeto, a quienes no acompañaron total o parcialmente el proyecto.

Yendo a las motivaciones personales que hacíamos referencia, la trata de personas en el siglo veintiuno, con todas sus ramificaciones, nos retrotrae a la descarnada esclavitud que sufrieron nuestros ancestros en siglos anteriores. Ellos padecieron el desarraigo de su tierra de origen y fueron obligados, bajo las más indignas condiciones humanas, a servir a otras personas que los obtenían en propiedad.

Uruguay, como en tantas otras áreas fue pionero en la libertad de vientres, colocando un marco legal a esta abominable forma de dominación, lo que nos enorgullece como hijos de esta tierra. No obstante, somos conscientes que si bien se abolió la esclavitud, no aconteció lo mismo con la discriminación,que perdura hasta nuestros días. No abundaremos en estadísticas en esta oportunidad.

Trasladado a la contemporaneidad, el mundo ha abolido la esclavitud en lo formal, pero sabemos perfectamente – por informes de Naciones Unidas, de la Organización Internacional para las Migraciones y como simples observadores de la realidad- que este flagelo no se extinguió. Por el contrario, existe y se ha ramificado en diferentes formas bajo el manto del ‘crimen organizado’, es decir, bajo las formas delictivas más sofisticadas, que se sirven de los avances tecnológicos de la globalización.

Por lo tanto la trata y el tráfico de personas, además de constituir un crimen aberrante que afecta los Derechos Humanos más sagrados, es también una amenaza de carácter transnacional, que afecta a la seguridad de países y regiones, en concurrencia con el lavado de activos y en algunos casos, el terrorismo.

Creemos necesario además, expresar nuestro más profundo respeto con colegas que disintieron total o parcialmente con este proyecto. Quienes nos conocen saben que no adherimos al análisis superficial de los temas legislativos, ni nunca nos ha guiado el oportunismo político. En este caso, entendemos que la extensión de este flagelo en la región y en nuestro país, nos demanda soluciones urgentes que seguramente serán perfectibles en el tiempo.

Sobre esa premisa,como partido de oposición, asumimos nuestra responsabilidad para que esta ley implemente una Política Pública de Derechos Humanos eficaz y defensora de las víctimas. Con ese objetivo exigiremos acciones concretas, que no se diluyan en la burocracia ineficiente,  o formen parte de un discurso electoral que se apropie ideológica o fundacionalmente de los más vulnerables, como ha sido costumbre del partido de gobierno.