Entre los cientos de ONGs que integran la Cartera del MIDES; la representante nacional Gloria Rodríguez Santo conoció de primera mano los hechos que se desarrollaron en los departamentos de Salto y Paysandú, a raíz de la vinculación que el MIDES tiene con Aldea de la Bondad.

Lamentablemente; por razones eminentemente económicas, dicha Secretaría de Estado insistió en trasladar a los pacientes que allí eran atendidos hacia Montevideo y Canelones, obteniendo como resultado de dicha acción la muerte de cerca del 30% de los pacientes que fueron trasladados en el avión Hércules de la Fuerza Aérea a pedido del INAU.

Las contradicciones que surgieron a lo largo de este extenso y costoso proceso no son solo entre las diferentes reparticiones del Estado que se vieron involucradas (MIDES, MSP, F.F.A.A., ASSE); sino también intrainstitucionales, cuando la Ministra Marina Arismendi declaró públicamente la existencia de un foco infeccioso en la Sede de Aldea de la Bondad, para luego ser descalificada su afirmación tanto por el Ministerio de Salud Pública como por la propia subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera.

Entre estas flagrantes contradicciones encontramos en la misma oportunidad un fuerte cuestionamiento público de esta Cartera ministerial a la atención que en Aldea de la Bondad se brindaba, mientras que simultáneamente suscribían un convenio con la misma ONG para que fuese incrementado el número de usuarios allí atendidos.

Ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento; la Ministra afirmó que no puede decir que IMCOS deslindó responsabilidades, que rescindió el convenio que tenía con INAU y dejó a los internos en la vereda, porque en realidad ello no fue así, por el contrario, se programaron las medidas que se debían tomar y se trabajó en el tema. La fundación existe desde antes que celebrara convenio alguno con una repartición del Estado, sus nobles cometidos no son definidos por el INAU o el MIDES, sus metas eran claras desde hace tiempo atrás.

Sin embargo, el día posterior a su comparecencia ante esta Comisión, la Ministra dijo ante los medios de prensa, justificando la urgencia con la cual tomó la medida de trasladarlos, que no contaban con otra solución, que no podían dejarlos en la calle, que fueron desalojados por IMCOS, de donde surge la notoria contradicción.

El centro de la cuestión se encuentra en la muerte de estos cuatro internos de Aldea de la Bondad, en la ausencia de responsables por este hecho, cuando es sabido que ante casos menos graves se toman medidas con la mayor celeridad.

Las personas que fallecieron así como quienes continúan en Aldea de la Bondad son pupilos del Estado y es por ello que debe velar por su integridad física, vida, honor, libertad, seguridad, tal como lo dispone nuestra Carta Magna, es imperativo definir si operó omisión, ineptitud o delito, el significado exacto de lo que denominamos responsabilidad, es imprescindible no solamente reparar y mitigar en la medida de lo posible el dolor de los familiares, así como también lo es garantizar que se imparta justicia.

Convocada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes por la diputada Gloria Rodríguez, Arismendi reconoció sí su responsabilidad en el tema, asumiendo que esa decisión implicó resultados graves tanto para pacientes como para familiares, pero sin dejar en claro en ninguna oportunidad el alcance real que a dicha responsabilidad le otorga.

Es insuficiente una respuesta de asumir responsabilidad por parte de la Ministra de Desarrollo Social si, en los hechos, nadie asume las consecuencias que devienen de este accionar. Lejos de ser una búsqueda de culpables, o de pedir la renuncia de la Ministra, la diputada Rodríguez ya ha planteado y reitera que asumir responsabilidades con un alcance claramente definido es la única garantía de que estos hechos no volverán a ocurrir y reafirman a la ciudadanía que vivimos en un Estado de Derecho plenamente responsable por la vulneración de los derechos de los uruguayos con su actuación cotidiana.

Resulta muy importante esta aclaración, pues se trata de la defensa última que los ciudadanos tenemos ante los posibles abusos que, con o sin intención, comete el Estado. Es el último bastión con el cual la ciudadanía cuenta y debe ejercer para defender su libertad y dignidad consagradas en la Constitución.

Se proyecta la imagen de un Ministerio paralelo; que trabaja con un elevado número de ONGs amigas, a las cuales se refiere con aprecio y cariño, cuando por otro lado responde con desprecio y acusaciones a aquellas ideológicamente disidentes, prácticas del MIDES ya vividas y denunciadas en ocasión del traslado del Centro para Personas Ciegas y de Baja Visión Tiburcio Cachón.

La representante Gloria Rodríguez viene denunciando los servicios realizados por organizaciones en representación del MIDES por generarle serias interrogantes en su accionar, realizando para ello pedidos de informe, exposiciones escritas y solicitando se le comunique sobre las responsabilidades que se desprenden de lamentables hechos como la administración del hogar de personas mayores Época Dorada, en el cual fallecieron ocho personas institucionalizadas bajo la órbita del MIDES a raíz de un incendio.

Llama la atención la tolerancia a las irregularidades constatadas en las organizaciones civiles que celebraron convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de personas mayores, así como de los servicios que se prestan a INAU, sin obtener respuestas claras y concretas, adjudicaciones a organizaciones que no cumplen con las bases de los llamados, adelantos de partidas económicas a ONGs que no cuentan con respaldo económico ni garantías, así como la modalidad de contratación directa.

Es notorio que se utiliza como vínculo político partidario en las áreas sociales y culturales, una herramienta de tanta importancia como son las ONGs, creadas con fines serios, absolutamente compartidos por la representante Rodríguez, quien reconoce en la organización civil la voz de tantos y cuantos reclamos sociales, culturales, laborales, deportivos, de integración, participación y equidad, logrando a través de su pugna por décadas, avances en la lucha por las desigualdades, de donde surge la importancia de que no se debe permitir desvirtuar la nobleza de las mismas.

En este contexto, la diputada se encuentra abocada al trabajo organizado y en conjunto, buscando soluciones a problemas actuales y futuros, con el foco centrado hacia una nueva agenda de Derechos Humanos, inclusiva de todas las personas sin discriminación alguna y velando por el cabal cumplimiento de todos los derechos, fundamentalmente y en primer lugar, claro está, el derecho a la vida de las personas.