“Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades.” – Robert M. Hensel

Cada vez se hace más evidente que la diversidad es un factor que beneficia y enriquece a las sociedades. Esta concepción cabe tenerla presente hoy, en que se conmemora el Día Internacional de las  con Personas con discapacidad.

Son muchos los derechos que reivindicamos hoy, entre los que podemos mencionar el acceso en igualdad de oportunidades a la salud, la justicia, la educación, el empleo, así como la necesidad de implementar la inclusión y la accesibilidad como mojones necesarios para su cumplimiento.

Sin embargo queremos detenernos en un aspecto que creemos fundamental para el efectivo cumplimiento de estos derechos.

Uruguay no cuenta con un criterio único para certificar la discapacidad, situación que ha sido reconocida por el gobierno nacional en su Informe País elaborado para Naciones Unidas (2016). Esto  sucede debido a que los criterios e indicadores que se utilizan para certificar son  diferentes según el organismo público que certifique (BPS, Intendencias, registro laboral de la Comisión Honoraria de la Discapacidad).

Esta incongruencia en la certificación, dificulta la obtención de datos confiables. De hecho Uruguay fue observado por Naciones Unidas por la ausencia de datos e información desglosados y comparables sobre las personas con discapacidad, así como por la falta de indicadores de derechos humanos en los datos disponibles. No sabemos exactamente cuántas personas son, cómo se distribuyen en el territorio, que grado de discapacidad tienen, que nivel educativo han alcanzado, cuántos acceden a un empleo, su situación socioeconómica, sanitaria, etc.  Este caos en la información afecta el ejercicio de los derechos y la plena participación de las personas con discapacidad, así como el adecuado aprovechamiento de los recursos del Estado.

En el Día internacional de las Personas con discapacidad proponemos:

 Implementar la Certificación única de la discapacidad, que deberá ser realizada por un solo organismo a nivel nacional, que sea independiente de los organismos prestadores de servicios y que refleje un modelo basado en los derechos.

 Crear un registro único a nivel nacional de personas con discapacidad, que permita sistematizar la información y direccionar mejor los recursos. Así podremos establecer las prioridades en discapacidad según el género, la edad, el tipo de discapacidad, la zona del país, etc.

Los temas aquí propuestos están mencionados en el Artículo 38 de la Ley 18.651 de Protección Integral de los derechos de las personas con discapacidad aprobada en el año 2010, pero de poco sirve aprobar leyes si no se trabaja con responsabilidad en su cumplimiento.

Sabemos que las necesidades de las personas con discapacidad han sido postergadas y no pueden dilatarse, porque en la espera se vulneran derechos y se desperdician años de vida. Mientras estos mecanismos se implementan seguiremos trabajando para mejorar la educación, la salud, la rehabilitación, etc. Pero si queremos abordar seriamente y con responsabilidad este tema, la certificación única y la creación de un registro nacional de personas con discapacidad son indispensables.  

Celebramos los 70 años de la DUDDHH (1948-2018)