Desde que comenzamos a dar nuestros primeros pasos desde la sociedad civil, nuestro rumbo de trabajo siempre estuvo direccionado hacia la temática de los Derechos Humanos. En tantos años de labor, hemos abordado un sinnúmero de las más diversas problemáticas, pero siempre desde un enfoque de Derechos Humanos.
Ello ha sido un sello fundamental en nuestra actividad y lo seguirá siendo, porque tenemos la convicción que ese es el camino que se debe recorrer.
Abordar la problemática desde ese enfoque tan esencial nos reconforta y enorgullece enormemente, pero toda esa alegría que sentimos, a diario se mezcla con dolor, porque lamentablemente vemos en nuestro país como día a día se producen flagrantes violaciones a los Derechos Humanos.
Es así que hoy al leer una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en nuestro interior nos invade un conjunto de sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción al ratificarse por parte del principal organismo en la materia, algo que venimos denunciando hace años y ante lo cual hemos dado ardua batalla desde nuestra función de Representante Nacional y de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes; por otro lado, sentimos una profunda tristeza al darnos cuenta que teníamos razón y estamos ante una grave situación, en la cual el gobierno está vulnerando derechos fundamentales de todos quienes formamos parte de este país.
Desde que asumimos nuestra función legislativa, el Derecho Humano al acceso al agua potable fue un tema que abordamos con enorme preocupación. Es así que decidimos iniciar una investigación de la situación y las denuncias no tardaron en presentarse. Inmediatamente tomamos conocimiento del grave y peligroso estado en el que se encuentra la Cuenca del Río Santa Lucía y en particular la que presenta el área circundante a la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes, donde se procesa el agua para nada menos que dos millones de usuarios, casi el 60 % de nuestra población.
El agua bruta para ser potabilizada llega cada vez en peores condiciones, tanto en calidad como en cantidad; los lodos emergentes del proceso desarrollado por OSE en la Planta, están ganando cada vez más terreno. Prácticamente la Playa de Aguas Corrientes desapareció y en sus orillas pueden observarse una enorme cantidad de peces muertos.

El empleo intensivo de agrotóxicos, la extensión de áreas de cultivo hasta cerca de las orillas del río, la depredación de montes nativos ribereños, la inapropiada explotación ganadera y la falta de saneamiento en algunos centros poblados, ha afectado seriamente el medio ambiente, constituyéndose además, como factores preponderantes en la formación de cianobacterias, que han comprometido gravemente la calidad del agua que llega a nuestros hogares.
Ante esto, inmediatamente nos reunimos con autoridades del Municipio de Aguas Corrientes, a fin de interiorizarnos de primera mano de la realidad existente. El 25 de mayo de 2017 participamos de un Cabildo Abierto, donde pudimos tomar conocimiento de nuevas denuncias.
Invitamos a las mencionadas autoridades a concurrir ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y el 10 de octubre de ese año, asistimos, en nuestro carácter de Presidenta de la Comisión, junto a la Representante Nacional del Partido Colorado, Cecilia Eguiluz, a Villa de Aguas Corrientes, a fin de constatar los extremos denunciados.
El 10 de julio de 2017, realizamos un Pedido de Informes a MVOTMA y por su intermedio al Directorio de OSE, el cual debimos reiterar el 10 de octubre de ese año, ante la falta de contestación.
Convocamos a las autoridades involucradas ante la Comisión, pero no obtuvimos respuesta por parte de las pertenecientes a la empresa pública.
Seguimos tratando el tema, con conocimiento de que la Institución de Derechos Humanos estaba investigando la situación ante la presentación de denuncias.
Y es en este marco que llegamos a la Resolución N° 659/2018, de 2 de octubre de 2018 (a la cual hacíamos referencia al comienzo de esta exposición), en la cual el organismo se pronuncia al respecto.
La misma no hace otra cosa que ratificar lo que veníamos denunciando, la descarga directa de los lodos residuales del proceso de potabilización en Aguas Corrientes vulnera los Derechos Humanos, ante una inadecuada gestión de los mismos por parte de OSE.
Se menciona expresamente tanto la afectación del Área Protegida Humedales del Santa Lucía, como la de la calidad del agua. Pero no sólo el acceso al agua potable y la protección del medio ambiente, son los Derechos vulnerados, sino que también se ha afectado a la población en su derecho a la información ambiental y a la participación pública en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales. Nos preocupa enormemente observar como no existe información clara respecto a la planificación para el tratamiento y disposición final de los residuos y mucho menos de sus proyecciones de ejecución.

Para agudizar la situación, se suma algo que resulta lamentable y es que la DINAMA, organismo que tiene directa responsabilidad en lo que está sucediendo, no brindó información que la Institución Nacional de Derechos Humanos le solicitó, señalándose en la Resolución la negativa de colaboración. Como expresáramos anteriormente, sentimos esta Resolución como un enorme apoyo a la hora de seguir dando batalla, pero somos conscientes que debemos continuar con firmeza, ya que no hemos siquiera obtenido de parte de las autoridades involucradas ningún proyecto que permita vislumbrar un cambio en la situación que día a día se agudiza. Debemos tener muy presente que estamos dependiendo de un solo reservorio de agua (Paso Severino), una sola fuente hídrica (Río Santa Lucía) y una sola planta potabilizadora (Aguas Corrientes) y no existe un “plan b”.
Esta preocupante realidad nos interpela como Estado, es necesario el compromiso de todos los actores que ocupamos cargos de responsabilidad en sus distintos Poderes, los cuales debemos actuar sin más dilatoria.
No podemos tolerar que desde el gobierno se estén vulnerando nuestros Derechos Humanos, porque como ilustraba el propio Nelson Mandela, al negar a las personas sus Derechos Humanos, estamos incurriendo en el aberrante hecho de cuestionar su propia humanidad.

Gloria Rodríguez Santo
Representante Nacional