En el día de ayer, a 111 días de iniciado el conflicto, fue interpelada la Ministra de Desarrollo Social Marina Arismendi por el cierre del Centro Cachón y el traslado del servicio de rehabilitación de personas ciegas y de baja visión a las instalaciones del Instituto Artigas, ubicado en Camino Maldonado y Libia.
El miembro interpelante fue la Diputada Nacionalista Gloria Rodríguez.

No fueron suficientes los 71 días de ocupación, ni los intentos de negociación llevados adelante por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, ni la solicitud de mediación al Presidente de la República, ni la interpelación a la Ministra, para lograr un ámbito de negociación con el MIDES respecto al traslado del Centro.

En la moción que fundamenta la interpelación se alude a:

1. La violación de los derechos humanos fundamentales de personas
   ciegas y de baja visión;
2. La ausencia de diálogo por parte de las autoridades del MIDES y
3. La negativa de la Secretaría de Estado de concurrir a la Comisión
   de Derechos Humanos del Parlamento.

   Lamentablemente, respecto a los tres motivos de la interpelación, la situación permanece incambiada y los usuarios y egresados del Cachón nos tuvimos que retirar del Parlamento, nuevamente con las manos vacías.

   Con respecto al traslado, La Ministra sigue afirmando que no dialogará sobre este tema. Es decir, se continúa sin tener en cuenta la opinión de los usuarios y egresados ni las razones técnicas y de sentido común esgrimidas elocuentemente por la Diputada interpelante y por muchos otros legisladores de todos los partidos de la oposición, así como, oportunamente, por usuarios y egresados del Centro Cachón.

   La Sra. Ministra afirma que se procederá a la creación de un Centro Nacional de Discapacidad Visual, con una propuesta basada en el modelo social de la discapacidad. También se dice que se trabajará fomentando la relación con la comunidad, que se capacitarán docentes, que se ampliará la cobertura a todo el país, etc. Recordamos que para la creación de dicho centro, cuyos objetivos compartimos, no es necesario cerrar el Centro Cachón y trasladar sus instalaciones y servicios al Instituto Artigas.

Entonces cabe preguntarse,
¿Cuáles son los motivos de peso para tomar la decisión del traslado?
¿Qué beneficios ocasionará el mismo a los actuales y futuros usuarios?

Por más que se construya un “palacio” en las instalaciones del Instituto Artigas, éste seguirá ubicado en una zona suburbana, frente a una Ruta Nacional con tráfico pesado que circula a alta velocidad.
Además, qué sucederá si el personal del transporte se olvida de indicarle a la persona ciega donde bajarse y se pasa de parada? Se encontrará a una gran distancia del Instituto, en una zona sin veredas y en pésimas condiciones de accesibilidad, que cuenta con escasos peatones que puedan ayudarlas a cruzar la calle u oficiar de guía.
Reiteramos, estas circunstancias son inherentes a la zona, y no se modifican por más obras que se realicen.

En varias oportunidades la Sra. Ministra ha asegurado que desde el MIDES han dialogado con las organizaciones de personas ciegas sobre el traslado. Sin embargo, cabe aclarar que la mayoría de ellas tienen convenios con el Estado. Cabe preguntarse entonces si realmente estas organizaciones pueden expresarse con total libertad, sin que se vea afectada la continuidad de los servicios que brindan.

Valoramos enormemente el esfuerzo que ha hecho el Estado en relación a las operaciones que permitieron a muchas personas recuperar la vista.
Sin embargo Esto no invalida los errores y la intransigencia de las autoridades respecto al traslado del Centro Cachón.

Lo más doloroso es que Se sigue considerando a las personas ciegas y de baja visión como objetos, no como sujetos de derecho, capaces de incidir en las decisiones que los afectan. Porque realmente, el traslado al Instituto Artigas, afectará la calidad de la rehabilitación que allí se brinde.
Se vulneran así el derecho a la autonomía, a la participación, a la inclusión social y a contar con una rehabilitación de calidad, entre otros.

Más allá de los resultados obtenidos a corto plazo, queremos destacar que la interpelación a un Ministro de Estado en defensa de los derechos de las personas con discapacidad es sin duda, un hecho histórico para el país y la región, el cual apoyamos con convicción y orgullo. Esperemos que sirva como punto de partida para el diseño de políticas sociales más inclusivas y participativas, en las que se tome en cuenta el lema de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad ratificada por nuestro país:
“Nada sobre nosotros/as, sin nosotros/as”.

Por último, pero no menos importante, deseamos referirnos a la propuesta realizada por la Sra. Gloria Rodríguez, durante la primera parte de la interpelación. Nos referimos a la distribución de vendas para cubrirse los ojos, entre los legisladores y representantes del MIDES que se encontraban en ese momento en sala, para realizar un ejercicio de sensibilización que era opcional. Dicha propuesta fue rechazada por la bancada oficialista, argumentando entre otras cosas, que se trataba de una falta de respeto hacia las personas ciegas. En relación a esto deseamos señalar, que el cubrirse los ojos y realizar una caminata, constituye una técnica de sensibilización, utilizada por ejemplo, en los talleres de accesibilidad que dicta UNIT, así como en actividades de sensibilización que apuntan a apoyar la inclusión laboral y/o educativa, llevados a cabo por las propias organizaciones de la discapacidad visual. Este ejercicio también se realiza en el entrenamiento de los técnicos que trabajarán con personas ciegas o con baja visión.

En Montevideo se llevaron a cabo varias instancias de este tipo, que fueron evaluadas por quienes participaron como muy enriquecedoras, las que estuvieron a cargo de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU)y el Sr. Pablo Buela.

Miembros de la Comisión:

Angela Valverde

Daniel Lamas

Ana Karina Antúnez

Daniel Lamas

Verónica Orrico.