El día 6 de junio de 2018 fueron convocadas por la Diputada Gloria Rodríguez, a la Comisión de Derechos Humanos las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. La delegación estuvo integrada por la señora Ministra, maestra Marina Arismendi; la señora Subsecretaria, profesora Ana Olivera; la Directora Nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, señora Eleonora Bianchi, y la Directora de la Unidad Asesora en Comunicación, señora Malena García, siendo el tema tratado las políticas públicas.

La triste realidad que vemos en nuestro país, en la que día a día crece el número de personas durmiendo en las calles, es una de las tantas señales del fracaso de las políticas sociales implementadas por el gobierno.

 Esta situación que venimos denunciando desde hace muchos años, nos motivó a convocar nuevamente a la Ministra de Desarrollo Social ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, ya que se hacía necesario obtener respuestas a interrogantes tan elementales como saber qué planes de contingencia aplica la Cartera para atender el crecimiento sostenido de personas en esta situación o conocer las estrategias para la asistencia y protección de las mismas ante la inminente llegada del invierno.

Nos preocupa no solamente la situación de emergencia, sino también el futuro de estas personas. Es necesario trabajar seriamente en su reinserción social, brindarles las herramientas que les permitan salir de esa condición o todo será un perverso círculo vicioso que cada vez involucrará a más y más personas.  Y así como esto es tan importante, de igual o mayor manera lo es la prevención, la aplicación de planes y/o políticas tendientes a evitar que personas en condiciones de vulnerabilidad terminen en situación de calle, por lo cual consultamos a las autoridades del Ministerio respecto a lo que se estaba haciendo en estas áreas.

Lamentablemente, la mayor parte de su exposición no fue más que un discurso político sin contenido, que no brindó respuestas a la mayoría de las interrogantes planteadas.

La escasa información que se pudo obtener, es sumamente contradictoria y nos alarma ver que no se está preparado para dar respuestas a una situación que se agrava día a día.

Se observan problemas de coordinación entre los organismos que participan en el abordaje de la problemática, al punto de manifestar la Subsecretaria Ana Olivera, que la famosa carta del Intendente Daniel Martínez  al  Presidente  de la República Dr. Tabaré Vázquez nunca existió, cuando el citado  confirmó en diversos medios periodísticos que se la había enviado.

Constatamos con asombro y suma preocupación que se desconoce el número de personas en situación de calle.  La Dtora Nal de Protección Integral en Situaciones de Vulneración, Eleonora Bianchi, admitió que los últimos datos corresponden al año 2016 y que se “han actualizado”, pero no fueron capaces de brindar el dato.

Nos parece increíble que se le reste importancia a esto, cuando es algo esencial, es de menester para conocer la dimensión que tiene esta problemática, para brindar respuestas, para evaluar el impacto de las políticas sociales implementadas y prever la evolución del fenómeno a efectos de anticiparse a la demanda que impone.

Se nos expresó por parte de la Directora que a lo largo del año se cuenta en los refugios con un cupo para  1.445 personas diariamente, el cual se aumenta en  invierno a 1.660, ya que por las condiciones climáticas se incrementa la demanda.

Respecto a la pregunta  que formulamos  si se cuenta con la suficiente cantidad de cupos como para atender a toda la población en situación de calle, se expresó que no se puede prever la misma cantidad de plazas que personas hay en la calle, porque no todas aceptan ir a un refugio, afirmando que no puede existir una cantidad vacante de cupos, porque desde el punto de vista de la buena administración no sería correcto. Es decir que para cuidar los dineros del Estado se trata de no tener excedentes, cuando la propia Directora señaló que la cantidad de personas que circularon por los refugios en 2017 fue de 3.500 personas.

Se resaltó que no obstante estos números que no cierran, si una persona se acerca (porque es un derecho) a solicitar refugio, el Ministerio analiza la situación y la resuelve, afirmando que aun no existiendo cupos libres, se le brindará una solución y podrá ingresar, destacándose incluso la implementación de mecanismos alternativos que facilitan el ingreso para evitar demoras.

Sin embargo, el pasado 9 de junio, conocimos con dolor por medios periodísticos, la situación de una mujer de 31 años que junto a sus hijos de 10, 9, 5, 2 y 1 año quedaron en la calle al escapar de su casa, ya que los niños eran víctimas de maltratos por parte de los amigos de su ex pareja.  En la tarde del lunes 4 de junio, se presentó en la seccional 7a de Pando en busca de ayuda, procurando abrigo y un lugar donde pasar la noche.  Con la ayuda policial intentaron acudir a diferentes locales del Ministerio de Desarrollo Social, sin tener éxito, por lo que debieron pasar la noche en la cocina de la Seccional.  Tras dos días de intensas gestiones,  recién pudieron acceder a una refugio  luego que una jueza de Pando intimara al Ministerio a encontrarle un lugar.

La Directora que ante la Comisión de Derechos Humanos en esas mismas horas que ocurría esto, garantizaba prevención e inmediatez,  la que afirmaba que se estaba preparado para afrontar la llegada del invierno y que aunque no existieran cupos libres en los refugios, el Ministerio brindaría siempre una solución, es la misma que ante lo acontecido, dijo a la prensa que al tratarse de una familia numerosa la búsqueda de un techo se había hecho más desafiante, adjudicando además la demora al aumento de la demanda que tienen los refugios durante las noches frías de invierno.

Lamentablemente esto nos demuestra que no se tomaron las previsiones del caso ante la llegada del invierno y que obviamente, no se es capaz de brindar respuestas a una situación que está adquiriendo una magnitud que no habíamos vivido antes.

Seguimos viendo las consecuencias de una mala gestión, con la aplicación de políticas sociales que han fracasado rotundamente.