Hoy 1° de octubre no es un día más, hoy celebramos el Día Internacional de las
Personas de Edad. Es una oportunidad valiosa para reflexionar, para que
tomemos conciencia de una realidad que vivimos y de la cual muchos parecen
no observar.
No es novedad que el mundo esté experimentando desde hace tiempo un
proceso constante y progresivo de envejecimiento de su población, impulsado
principalmente por los avances en la ciencia y la medicina, que han permitido
entre otros, disminuir los índices de mortalidad infantil y aumentar la esperanza
de vida de las personas.
En nuestro país este proceso se ha acentuado a tasas superiores a la de la
mayoría de los países de la región. Datos del Instituto Nacional de Estadística y
de las Naciones Unidas, indican que si bien todavía hay más niños y jóvenes
que adultos mayores, se estima que en 2035, la cantidad de personas mayores
de 65 años superará a la de menores de 14 años.
No obstante lo expresado, si bien las personas están viviendo más años,
estudios de la Organización Mundial de la Salud, indican que la calidad de vida
de estos adultos mayores ha ido en detrimento. Entre las causas de ello, figura
la mala situación económica y el desmejoramiento en la calidad de las
prestaciones de salud, lo que se traduce en falta de acceso a las mismas; y
aunque parezca impensado para muchos, una de las causas fundamentales de
este fenómeno paradójico, es la discriminación.
Es responsabilidad de cada uno de nosotros revertir esta situación y permitirles
a los adultos mayores asumir el rol activo y fundamental que deben cumplir en
la sociedad.
Esto no es sólo un deseo o un compromiso moral, sino que es una obligación
legal, la cual asumió nuestro país a través de la Ley 19.430 de 8 de setiembre
de 2016, que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores. A través de este instrumento, el
Estado se comprometió a proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno
goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los Derechos Humanos y
libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad, con el deber de adoptar las
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades.
Sin embargo, es evidente que estamos muy lejos de cumplir cabalmente con
este precepto.
A la discriminación, hay que sumarle entre otros problemas, el tema de las
bajas jubilaciones; la falta de controles estatales efectivos a las casas de salud,
las cuales en su mayoría se encuentran en forma irregular, como lo han
afirmado las autoridades del MIDES y del Sistema Nacional de Cuidados. No
existen medidas precautorias ni acciones de respuesta ante casos de
abandono, que al igual que los casos de negligencia en el cuidado de adultos
mayores, han ido en grave aumento. Otro inconveniente lo observamos en
materia de accesibilidad; no podemos hablar de integración social, cuando no
somos capaces de brindar las condiciones mínimas de accesibilidad a espacios
públicos, organismos, servicios, ni siquiera a hospitales; el transporte público
tampoco está adaptado a las necesidades de los adultos mayores. Todo esto
conduce a que estemos limitándoles el acceso a derechos básicos y
condenándolos al aislamiento social.
En este día tan especial para nosotros, reafirmamos el compromiso asumido
desde mucho antes de comenzar nuestra actividad parlamentaria, trabajando
en diversos proyectos de ley y programas sociales, que permitan proteger los
derechos de estas personas, desde un enfoque basado en Derechos
Humanos, el cual debe derribar los estereotipos erróneos de ver al adulto
mayor como una carga, como personas débiles, dependientes y alejadas de la
realidad, por el contrario debemos entender la necesidad de integrarlos, para
que contribuyan con sus valiosos aportes de la sociedad y sigan siendo
miembros activos de sus comunidades durante el mayor tiempo posible en
función de su capacidad. Es imperativo dejar de ver al adulto mayor como un
objeto de asistencia para considerarlo un sujeto de derecho.
Hay mucho camino por delante, la Convención reconoce los Derechos y
establece un gran marco normativo, pero es necesaria la adopción de normas
internas que los hagan efectivos. Debemos tener en claro que la mera
existencia de normas no conlleva a una mejora en materia de condiciones de
vida de los afectados, por eso debemos garantizar que se apliquen en forma
efectiva y oportuna.
Sabemos que deberemos proteger y cuidar a nuestros niños que son nuestro
futuro y quienes escribirán la historia de nuestro país, pero no debemos
olvidarnos de quienes ya la construyeron para nosotros; por ello seguiremos
trabajando por ese Uruguay en donde los Derechos Humanos sean una
realidad para todos y no el privilegio de algunos pocos.

 Gloria Rodríguez Santo
Representante Nacional