En estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, dejando de lado los colores políticos que se tenga, creemos no existe habitante en nuestro país que no coincida en que se ha venido experimentando un proceso de decadencia en los valores de nuestra sociedad. Lamentablemente se han ido perdiendo principios tan arraigados, que en su época constituían verdaderos sellos distintivos de nuestra nación y eran tan característicos, que los extranjeros los resaltaban en todo momento al hablar de los uruguayos.

Es responsabilidad de todos el poder recuperarlos, promoverlos, incentivarlos, desde el seno mismo de nuestras familias hasta el relacionamiento diario con el otro; pero no pueden existir dudas, para quienes tenemos el honor de haber sido elegidos por nuestros compatriotas para legislar, que esa responsabilidad es mucho más grande e intensa en nosotros, en virtud de nuestra función, de la institución a la que representamos y a los instrumentos que poseemos para poder lograr ese cometido.

Por eso nos invade el desconcierto y la desazón, cuando vemos que valores como la solidaridad que se traduce muchas veces en la ayuda desinteresada, en el dar sin recibir nada a cambio, se ven amenazadas por decisiones legislativas.

Esa solidaridad, ese dar sin recibir, se conjugan en una de las más nobles tareas, como es el voluntariado. Nadie puede dudar de la riqueza de valores que se transmiten y comparten a través del mismo.

Es por esta razón que el año pasado, apoyamos un proyecto de ley que lo promovía, siendo nosotros el miembro informante para la Cámara de Diputados, basados precisamente en la importancia de estimular todos esos valores tan esenciales para nuestra sociedad, que trae consigo su ejercicio.

Sin embargo el proyecto fue totalmente desnaturalizado en la Cámara de Senadores por parte de la Bancada de Gobierno. Mientras en el proyecto original se buscaban mecanismos y estrategias que estimularan el voluntariado, brindando un marco normativo flexible y favorable, las modificaciones fueron de tal índole, que no hacen más que agregar cargas económicas y burocráticas a quienes desarrollen la actividad.

El Estado asume un rol fiscalizador a tal grado, que demuestra el desconocimiento que se posee acerca del ejercicio del voluntariado en nuestro país.

Sin pretender entrar en aspectos jurídicos, ya que no es la intención del presente, el proyecto actual nos lleva a una visión de esta actividad como algo “difuso”, “turbio”, como un artilugio para encubrir una relación de trabajo, y pareciera invertir el principio de inocencia, ya que la falta de una inscripción vuelve a los involucrados “culpables hasta que se demuestre lo contrario”.

El proyecto originario que promovía y estimulaba el voluntariado (ese era el sentido y la finalidad del mismo), se desvirtuó a tal extremo, que paradójicamente produce todo lo contrario, genera incertidumbre y desestimula a quienes quieran ponerlo en práctica.

Es por eso, que habiendo asumido el compromiso, ya desde nuestros primeros pasos en la sociedad civil y el cual reafirmamos día a día desde que comenzamos nuestra actividad parlamentaria, de recuperar ese país de valores que supimos ser, es que no podemos permanecer en silencio, cómplices ante la imposición de las mayorías parlamentarias, por el contrario debemos alzar nuestra voz para no retroceder en la búsqueda de ese Uruguay, que lamentablemente la prepotencia e inoperancia de este gobierno, han vuelto tan cuesta arriba.

Ese país no es sólo un sueño, para nosotros es un objetivo, porque tenemos la convicción, como se escribió alguna vez que “aquello que une y separa a las personas, no son las diferencias sino los valores”.