La dura realidad que nos golpea, en la que los femicidios y los casos de violencia doméstica lamentablemente se volvieron cuestiones de todos los días, llevaron a la necesidad de brindar respuestas desde el ámbito jurídico, con un abordaje integral, contemplativo de las múltiples dimensiones que envuelven a esta problemática y modificativo de antiguos paradigmas que atentaban contra la posibilidad de que las víctimas pudieran denunciar sus padecimientos, tal es el caso de la revictimización que sufrían estas personas.

Esto nos llevó a apoyar la aprobación de la Ley N° 19.580 de fecha 22 de diciembre de 2017, LEY DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GÉNERO, ante la urgencia de un situación que crecía día a día, cobrándose la vida de más y más mujeres en nuestro país; por dicho motivo cumplimos incluso el rol de Miembro Informante en la Cámara de Representantes.

El sector de gobierno se embanderó con esta cuestión, presumiendo y haciendo gala del hecho de tratar la temática, no obstante lo cual, no impidió que nosotros entendiéramos necesaria la Ley y como debe ser, haciendo valer el bien común de a quienes nos debemos, los habitantes de nuestro país, la apoyamos.

Lamentablemente hoy vemos con tristeza y desazón como todo lo que se dijo por parte del Partido de gobierno no era más que un discurso en búsqueda de rédito político y no una verdadera intención de luchar contra este flagelo.

Es así que el gobierno que tanta importancia y resonancia le dio al tema, presentándose ante la sociedad como una especie de héroe con complejos fundacionales, porque al igual que sucede con las políticas sociales en general, se presentan como los “fundadores” y los “dueños” de las mismas, cuando se sabe que esto no es así (basta con dar una breve mirada a la historia de nuestro país), ahora manifiesta que no tiene fondos para aplicar la Ley e incluso propone modificar algunos de sus aspectos esenciales para que sea más “barata” su aplicación.

Se promulgó en diciembre de 2017 y ya se está manifestando que no podrá aplicarse este año.

Estamos hablando de una Ley la cual se aprobó rápidamente porque nos urgía su aplicación ante la realidad que se estaba viviendo y la cual se ha ido agravando, sin embargo el gobierno se da el lujo de seguir postergándola, dejando en claro la verdadera importancia que le da al tema y develando la pésima gestión que viene realizando; se está despilfarrando el dinero, se gasta mal, se destina a cubrir los horrores que cometen en la gestión, los cuales la justicia está comprobando que ya no se tratan solo de “errores”, sino de casos de corrupción y este dinero, como siempre sucede, sale de los bolsillos de cada uruguayo y uruguaya.

Esta situación es otra muestra más de las tantas mentiras a las que lamentablemente el pueblo se ha acostumbrado, es una verdadera falta de respeto para las organizaciones que con tanto esfuerzo lucharon por la aprobación de la Ley, para las miles de mujeres que perdieron sus vidas por cuestiones de género y las que lamentablemente día a día se siguen sumando a ese lamentable desenlace; para todas las familias devastadas por estos horrores, niños y niñas que perdieron a sus madres, para toda la sociedad en su conjunto porque este problema nos golpea a todos como país.
De nada sirve hacer leyes si no las efectivizamos en la realidad, de esta manera no son más que mero enunciados, muy buenas intenciones que no sirven en los más mínimo a la hora de proteger los derechos para los cuales se crearon.
Por eso vamos a seguir trabajando para que se dé cumplimiento a lo que el Ordenamiento se comprometió a cumplir, tal cual se asumió, sin recortes o concesiones a una grave situación que se agudiza día a día.
No permitiremos que situaciones como esta, a la que nos lleva el gobierno, hagan del Derecho unos simples enunciados que ignoren la realidad, porque sabemos que cuando esto ocurre, la realidad se venga ignorando el Derecho.
Gloria Rodríguez Santo
Representante Nacional