Irónico: El MIDES administra 25 propiedades pertenecientes al ex  “Instituto Nacional  de Ciegos Gral. Artigas”, mientras ultima detalles para cerrar el “Centro Tiburcio Cachón”  alegando  falta de recursos.

Como es de público conocimiento, a fines del año 2015 el Ministerio de Desarrollo Social  anunció  el cierre  del centro de rehabilitación para personas ciegas y de baja visión “Tiburcio Cachón”, trasladando los servicios que se prestan allí,  al instituto General Artigas, hoy dependiente directamente del MIDES,  ubicado en Camino  Maldonado y Libia.

Esta decisión tomada de forma arbitraria e inconsulta, tanto con funcionarios como con los usuarios y sus familias, motivó la ocupación del Centro Cachón por parte de sus usuarios y egresados durante 71 días, constituyendo un hecho inédito llevado adelante por personas con discapacidad, en defensa de sus derechos.

Esta falta de diálogo nos motivó a llamar a Sala a la Sra. Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi en agosto de 2016, quien como principal argumento esgrimió el costo del alquiler del local que ocupa actualmente, que según informó ascendía a la suma de 150.000 pesos mensuales.

Luego de una larga interpelación, logramos dejar en claro lo inadecuado e inconveniente de este cambio de ubicación, en función de argumentos basados en los servicios prestados por el Centro Cachón y su inmejorable ubicación en la ciudad para las personas ciegas, ante lo cual el MIDES decidió suspender el traslado.

No obstante, el plan para su traslado definitivo ya estaba en marcha. En diciembre de 2015, casi un año antes que se anunciara el traslado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 516 de la Ley de Presupuesto Nacional, número 19.355, se cancelaba la personería jurídica de la Asociación Civil “Instituto Nacional de Ciegos Gral. Artigas”, siendo sus bienes transferidos de pleno derecho al Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social. Justo es decir, que durante la interpelación antes mencionada, los legisladores del Frente Amplio hablaron de optimizar recursos, pero se abstuvieron de brindar detalles sobre estos bienes.

El tiempo transcurrió y las prestaciones de servicios y mantenimiento del Centro Cachón fueron sufriendo sucesivas postergaciones, ante lo cual, al amparo de lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución Nacional, realizamos dos pedidos de informes sucesivos en mayo de 2017 y agosto de 2017, reiterando este último sin obtener, en ningún caso, respuesta del MIDES.

Ante la gravedad de la situación planteada y la total ausencia de respuesta oficial de parte de las autoridades del MIDES, en mayo de 2018, decidimos en nuestro carácter de ciudadana, presentarnos ante el citado Ministerio con “un pedido de acceso a la información pública”, al amparo de los procedimientos previstos por la ley 18.381.

Este pedido de acceso a la información pública, en primera instancia y en la vía administrativa, tampoco fue contestado por el MIDES, ante lo cual amparados en la misma ley, nos presentamos el pasado 8 de noviembre ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 4º Turno, deduciendo la acción judicial correspondiente, a fin de hacer efectivo el pleno acceso a la información pública solicitada.

Finalmente, luego de habernos negado información durante años, el MIDES se avino a la decisión judicial que hoy obra en el Expediente Judicial respectivo.

De lo informado en sede judicial por esta cartera, en forma resumida estamos en condiciones de afirmar la existencia de 25 bienes inmuebles que pertenecían al patrimonio del disuelto  “Instituto Nacional  de Ciegos Gral. Artigas”, la titularidad de cuyos derechos  fue transferida por Ley y de pleno derecho al patrimonio del Estado vía el  Ministerio de Desarrollo Social.

Dichos bienes se ubican en los departamentos de Montevideo, Canelones, Florida y Lavalleja y a grandes rasgos están constituidos por casas, apartamentos y más de 470 hectáreas rurales en el Departamento de Lavalleja, en este último caso con arrendamiento rural vigente a favor del titular arrendador, vale decir el MIDES.

Al mismo tiempo existen además,  a noviembre de 2018, dinero en efectivo en cuentas Bancarias radicadas en el BROU, tanto en monda nacional como en dólares estadounidenses.

De lo expuesto, resulta totalmente improcedente que, ante esa cuantiosa cantidad de recursos, que en su momento fueron donados o legados a una Asociación Civil absorbida unilateralmente por el MIDES, se ponga como excusa la falta de recursos para el mantenimiento de un alquiler.

Al día de hoy el plan está próximo a concretarse en su totalidad. El Centro Cachón ha venido viendo reducida su plantilla de personal, recursos y mantenimiento estando próximo a su cierre definitivo. De esta forma, se clausura un centro de rehabilitación ejemplar en funcionamiento desde hace más de 50 años, ocasionando un perjuicio sin precedentes a usuarios, funcionarios, profesores y familiares.

Cabe recordar que el cierre del Centro “Tiburcio Cachón” además de ser objetado por sus usuarios y egresados, lo cual ya le da validez al planteo, también fue cuestionado por Ex Directores del Centro y por los redactores del Manual de Rehabilitación de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Es decir, tuvo repercusión a nivel internacional.

Es inadmisible que las personas ciegas y con baja visión de este país, habiendo recibido, aunque más no sea de modo indirecto,  en donación, herencia o legado esta cantidad de bienes, tengan que resignarse a realizar su rehabilitación en un lugar alejado de la ciudad, próximo a una ruta con tráfico pesado, con escaso transporte, mucho más pequeño (8 salones, frente a los 25 salones equipados con los que cuenta el Centro Tiburcio Cachón), que no cuenta con las condiciones de accesibilidad internas y externas necesarias para el adecuado funcionamiento de un centro de estas características.

Esta accionar deja en evidencia el doble discurso de un Ministerio que hace gala de la “participación en el diseño de políticas” y por otro lado, ostenta una forma de hacer política basada en la centralización,  cuyo fin último es aumentar su burocracia interna.

Ante esta situación, estamos exigiendo que se detenga el desmantelamiento del Centro Cachón, manteniéndolo en base a los amplios recursos que el MIDES dispone y cuyo destino no conocemos.

Apelamos una vez más a la sensibilidad para con una población,  cuya única demanda es la de tener un espacio de rehabilitación, educación e integración acorde a sus necesidades reales.

Gloria Rodríguez Santo

Representante Nacional